icon

La masacre que no puede explicar la jueza Julieta Lemaitre

Es verdad lo que afirma la jueza colombiana Julieta Lemaitre Ripoll: "Privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes". No fue el único, en el pasado. Pero ¿qué sucede con el presente? Desde 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz, 253 exguerrilleros han sido asesinados.

El exlíder de las FARC, Rodrigo Londoño, sale de la sala del tribunal, seguido por el excomandante guerrillero Pastor Alape, luego de comparecer ante el tribunal especial de paz de Colombia, en Bogotá, el 23 de septiembre de 2019.

Jueza colombiana del Tribunal Especial para la Paz, Julieta Lemaitre Ripoll, autora de “El Estado siempre llega tarde” (Siglo XXI). Ella explicó así su obra: "Después de la guerra alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo", del poema “Fin y Principio”, de la escritora polaca Wislawa Szymborska.

El asesinato más reciente ocurrió el 23/01, cuando Juan Carlos Correa, de 35 años, fue secuestrado en una camioneta con varios hombres armados. Su familia y el partido Comunes, denunciaron su asesinato.

Un crimen no compensa otro crimen.

Un delito no justifica otro delito.

Ahora bien, si la sociedad colombiana afirma que quiere avanzar en la Justicia para unos, ¿qué hará con la injusticia que viven otros?

De esto se trata el rol del Estado, de garantizar la igualdad en el alcance y la cobertura de su seguridad.

Desde la firma en 2016 de los acuerdos de paz con el Gobierno, 253 exguerrilleros han sido asesinados, según el Consejo Nacional de Reincorporación. 

En lo que va de 2021, ya han matado a 5. 

Esto contrasta con el anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz, que acusó a 8 excomandantes de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular armado desmovilizado desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016:

** Rodrigo Londoño, último jefe de las FARC hoy presidente del partido Comunes;
** Julián Gallo, senador por Comunees; 
** Pablo Catatumbo, senador por Comunes; 
** Jaime Alberto Parra, 
** Milton de Jesús Toncel, 
** Juan Hermildo Cabrera, 
** Pastor Alape y 
** Rodrigo Granda.

Lesa humanidad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia lo hizo en un documento de 564 páginas que reclamó una reparación de las víctimas del conflicto armado que duró más de 50 años y ocurriron crímenes de guerra y de lesa humanidad: privación de la libertad, como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

La JEP, el órgano de justicia especial surgido de los acuerdos de paz firmados en 2016 y que no juzga casos individuales, abrió el 04/07/2018 el 1ro. de 7 grandes procesos ligados al conflicto armado. 

En esta investigación relacionada con “el secuestro de personas por parte de las FARC entre 1993 y 2012” acreditó a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.

A partir de la decisión de la JEP, este Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC” pasará a llamarse "Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad".

"Privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”, señaló la magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre Ripoll, en un comunicado leído al presentar las conclusiones.

Los asesinatos

La Fiscalía de Colombia ha señalado al Clan del Golfo como uno de los responsables de los asesinatos de los exguerrilleros. 

Es un grupo narcoparamilitar que controla más del 40% de la droga que sale del país, según la Fundación Paz y Reconciliación. 

Tras el desarme de las FARC, el Clan del Golfo ha intentado controlar las zonas abandonadas por la guerrilla, con poca presencia estatal.

Son las zonas donde residen muchos excombatientes, algunos de los ellos trabajan en la sustitución de cultivos ilícitos. 

La Justicia y el Gobierno también han señalado a las disidencias de las FARC como posibles responsables de los homicidios. 

Pero, en al menos 2 casos probados, los asesinos estaban vinculados a la Fuerza Pública.

El asesinato más reciente ocurrió el 23/01, cuando Juan Carlos Correa, de 35 años, fue secuestrado en una camioneta con varios hombres armados.

Su familia y el partido Comunes, denunciaron su asesinato. 

Antes, el 01/01, un grupo armado sacó de su casa a Yolanda Zabala, de 22 años, y a su hermana de 17, y las mataron. 

"La guerra no era el camino, pero a veces sentimos que estábamos más seguros en la guerrilla", dicen algunos.

Esta inseguridad provoca que muchos ex guerrilleros regresen al monte y se unan a las disidencias vinculadas al narcotráfico o a la minería ilegal: al menos tienen empleo y menos miedo a morir en cualquier esquina.

El Estado colombiano deberá hacer algo con esto para no perder lo que ha conseguido.