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Ni olvido ni perdón ni amnistía ni indulto en Colombia

Un sistema de tribunales especiales establecido en Colombia para procesar crímenes de guerra ha acusado a 8 ex comandantes de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular, por delitos de lesa humanidad a causa de la práctica de la guerrilla de secuestrar personas durante décadas de conflicto civil en el país. La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz es la primera en contra de los rebeldes de las ahora extintas FARC, desde el acuerdo de paz con el gobierno en 2016.

Julieta Lemaitre se licenció en Derecho por la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Luego obtuvo una Maestría en New York University y un Doctorado en Ciencias Jurídicas por Harvard Law School.

Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como alias Timoleón Jiménez o Timochenko ejerció como el último comandante en jefe del Estado Mayor de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) organización insurgente que devino en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC),​ del cual es presidente. Él sucedió a Alfonso Cano y fue designado en el grupo negociador de las FARC-EP para acordar el fin de la guerra en Colombia en unas negociaciones para los acuerdos de La Habana del 26 de septiembre de 2016.

Ingrid Betancourt liberada de las FARC luego de un largo secuestro, llevada de una mano por Juan Manuel Santos, quien acordó la paz con las FARC.

"Privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes", dijo la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.  

Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de 21.396 personas con fines económicos y políticos.

El tribunal también imputó a los exlíderes de la guerrilla FARC "otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado". 

La decisión más importante tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz desde su creación, en 2017, se conoce tras evaluar las versiones de 257 excombatientes y contrastarlas con las de más de 1.000 víctimas de secuestro e informes de la fiscalía, entre otros. 

Los imputados pertenecían al secretariado de las FARC, máximo órgano decisorio de la organización. 

Entre ellos se encuentra Rodrigo Londoño, jefe del Partido Comunes, creado tras la firma de los acuerdos de paz en 2016. 

La decisión incluyó también a Pablo Catatumbo y Julián Gallo, quienes ocupan 2 de los 10 asientos en el parlamento otorgados al Partido Comunes como parte del pacto de paz. 

Ermilo Cabrera, quien falleció horas atrás, también fue imputado.

El presidente de Colombia, Iván Duque, miembro del partido Centro Democrático, que en 2018 lideró una frustrada iniciativa que pretendía modificar los acuerdos para endurecer las sanciones a los exguerrilleros, se pronunció indirectamente sobre la decisión: "No podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad".

FARC secuestró a 21.396 personas

Partido Comunes, de izquierda, se declaró arrepentido, comprometido con la paz y aseguró que evaluarán el documento de imputación de cargos para definir una posición al respecto. 

"Sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona", reiteró Partido Comunes. 

"Fueron crímenes de lesa humanidad cuando tuvieron la intención (...) de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil", enfatizó Lamaitre. 

Según el documento de imputación, entre 1990 y 2016 la guerrilla secuestró a 21.396 personas, "número sensiblemente más alto que el conocido hasta ahora".

En julio de 2018, los líderes rebeldes empezaron a responder de forma individual ante la JEP por ese delito, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos.

En distintas ocasiones pidieron perdón a las víctimas y aseguraron que asumirían las responsabilidades que les correspondieran. 

Miles de rehenes, incluidos militares, policías y dirigentes como la franco-colombiana Ingrid Betancourt, estuvieron encadenados hasta 10 años en lo profundo de la selva antes de ser rescatados o liberados. 

Según la JEP, casi el 12% de los secuestrados están desaparecidos o fueron asesinados.

Plazo de 30 días

Los exguerrilleros tienen 30 días hábiles para aceptar o rechazar su responsabilidad en los crímenes que se les imputan. 

En ese lapso de tiempo, las víctimas y la Procuraduría, que en Colombia vela por el cumplimiento de los derechos humanos, podrán pronunciarse sobre la decisión del tribunal.

Los excombatientes que acepten su responsabilidad en esos delitos tendrán una pena alternativa a la prisión. 
Quienes no lo hagan, enfrentarán un juicio penal con penas privativas de la libertad de hasta 20 años. 

"Esperamos que después de los 30 días (...) pueda efectivamente darse un reconocimiento" por parte de los miembros del secretariado, expresó Cifuentes durante la conferencia de prensa. 

A lo largo de casi 6 décadas, el conflicto armado colombiano ha dejado más de 9 millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen "responsabilidad de mando" por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

Investigadores del conflicto, víctimas y exnegociadores de paz dijeron que las acusaciones son una señal para los críticos, quienes afirman que los rebeldes se beneficiaron del proceso de paz sin temor a ser castigados, que el sistema de justicia establecido por el acuerdo está funcionando.

“Esto es muy importante, un paso crucial para la corte. Es una señal de que están dejando atrás la impunidad ”, dijo Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, un grupo de investigación con sede en Bogotá. “Nunca antes habíamos podido lograr una acusación como esta contra la guerrilla”.

En un informe de 322 páginas, el tribunal dijo que había documentado más de 21.000 casos de secuestro y trabajado con más de 2.000 víctimas para reconstruir los hechos e identificar a los responsables. 

"El Derecho Penal Internacional identifica la toma de rehenes como una de las violaciones más graves del derecho internacional humanitario", dijo el tribunal en un comunicado.

Comunicado

El líder rebelde Rodrigo Londoño y otros 5 ex comandantes dijeron en un comunicado que están evaluando sus opciones con sus abogados. 

Pero calificaron su compromiso con el sistema de justicia transicional como “irrevocable” y señalaron que ya han estado colaborando con las investigaciones de la corte sobre los secuestros.

Unos 13.000 rebeldes de las FARC acordaron deponer las armas y convertirse en un partido político con escaños garantizados en el Congreso en virtud del acuerdo de paz. 

También acordaron cooperar con una comisión de la verdad en la que las víctimas y quienes cometieron delitos revelan los detalles de las atrocidades como parte de un proceso de reconciliación.

Pero dado que el tribunal acusó a los exlíderes de las FARC de cometer crímenes de lesa humanidad, sus presuntas acciones les impedirían recibir amnistía, dijo Alejandro Jiménez, quien investiga la justicia transicional en Dejusticia, un grupo político que estudia los derechos humanos y la ley.

“Este es un reconocimiento a las víctimas”, dijo Jiménez.