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Las eólicas resisten al "impuesto al viento"

La medida se autorizó a comienzos del año pasado e impactó directamente en las inversiones "limpias". Los empresarios planean judicializarla, en plena crisis climática mundial.

La energía eólica representa un porcentaje marginal dentro del conjunto de generación energía eléctrica de Argentina, con aproximadamente el 0,4% del total en 2015.

Las renovables no tienen un camino fácil en Argentina. En Puerto Madryn, por ejemplo, se sancionó un insólito impuesto llamado "impuesto al viento".

El potencial de producción de energía eólica en la Patagonia es del 45%, en comparación con el resto del planeta.

Las condiciones geográficas argentinas permiten que el potencial de las energías eólicas sea sustancialmente alto, comparado con otros países. Mientras Brasil tiene un 38% de factor de capacidad de producción, Europa el 25% y Oceanía el 15%, la Patagonia se sitúa en un 45%. 


El país se ubica en el puesto 18 de los sitios con mayor atractivo en energías renovables. Al mismo tiempo, la matriz energética nacional afronta cada día mayor demanda.  


Sin embargo, las políticas no han permitido hacer uso del potencial nacional en esta materia. En Puerto Madryn se aprobó el insólito “impuesto al viento” (Ordenanza  11.546) a comienzos del 2020, que abarca al 4,5% de la facturación a las empresas productoras eólicas. 


Esta medida atenta directamente a la posibilidad de explotar vías amigables con el medioambiente, sustentables, limpias y de bajo impacto. 


La Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), conformada por empresas del rubro, explicó en un comunicado que se trata de “millones de pesos que no fueron previstos en sus propuestas de inversión”. 


Por ejemplo, un parque de potencia promedio (100 MW) “se vería obligado a pagar 20 millones de dólares”. Además del atentado a las inversiones “limpias”, el impuesto terminaría por trasladarse a las tarifas que pagan los argentinos. 


Esto se debe a que, por ley, los generadores de renovables pueden trasladar al precio del producto el valor del impuesto, en casos en los que norma llegue después de los contratos. 


En respuesta, algunas empresas están evaluando la judicialización del “impuesto al viento” para evitar que los proyectos renovables se detengan, en plena crisis climática mundial. 


Desde Cader exigen las condiciones para invertir con seguridad, pero también para asegurar un futuro energético a una Argentina sustentada ciegamente en la explotación de combustibles fósiles, con el gran costo medioambiental que implica.