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Papá Noel dejó en Bolivia un megacampo de gas natural y la explicación de la victoria

Festejos en Bolivia: el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, anunció en una conferencia de prensa el hallazgo de un megacampo de gas: Boicobo Sur X1, del bloque Caipipendi, en Chuquisaca, con reservas por 1 trillón de pies cúbicos (TCF). En tanto, una muy interesante explicación del regreso al poder del Movimiento Al Socialismo: "La corrupción en la compra de respiradores terminó asfixiando al gobierno de Jeanine Añez." En los momentos más duros que vivió el país enfrentando la pandemia, se denunciaron dos casos de sobreprecio en la compra de respiradores, 130 de fabricación española y 324 chinos. En el primer caso se mencionó un daño de US$ 3 millones al Estado y, en el segundo, de US$ 6 millones. Un informe de la Procuraduría General del Estado y otro de la Asamblea Legislativa concluyeron que hubo irregularidades y recomendaron continuar los procesos contra los sospechosos. Ahi se jugó la popularidad de Añez, que fue irremediablemente en baja.

Bolivia cuenta con 10,7 TCF de reservas de gas para el abastecimiento al mercado interno y sus compromisos de exportación a Argentina y Brasil. Pero necesita más reservas. Ahora, un alivio para Luis Arce.

Bolivia necesita ampliar sus reservas comprobadas de gas. Por eso es tan importante la noticia.

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, dijo que estaba feliz de anunciar el descubrimiento de un exitoso megacampo. "El pozo es Boicobo Sur X1 que estaba a cargo del consorcio Repsol, Shell y Panamerican que tiene una reserva de 1 TCF (trillón de pies cúbicos)", precisó.

El proyecto inició con los estudios en 2015, durante la gestión del expresidente Evo Morales, en el primer semestre de 2016 se presentó la iniciattiva y se inició la perforación un 5 de octubre de 2019. Según Arce, el 2 de diciembre de esta gestión culmina la perforación con el resultado de las reservas mencionadas.

“Sabemos que no todas las fases de exploración son exitosas, y a veces las empresas tienen éxito como este caso. Ahora Bolivia cuenta con un nuevo megapozo", indicó.

Se tenía prevista una inversión de US$ 102 millones, hasta el momento se han destinado US$ 74 millones y todavía está en fase de una preparación para explotación. De acuerdo con el primer mandatario, para fines de 2021 el pozo ingresará a producción y por lo tanto, "será un importante aporte para toda la política de hidrocarburos en el país".

"Esta es la feliz noticia que quería darla este 24 de diciembre como un regalo de nuestra Pachamama a todo el pueblo boliviano que este año estuvo restringido, con muchos problemas, pero ahora incluso la Pachamama nos está dando señales de que los cambios que estamos aplicando son para bien", agregó Arce.

La caída de Añez

Muy interesante, cuando algunos debate en Bolivia cómo fue que el MAS regresó al poder, la investigación de Baldwin Montero en la web no oficialista PaginaSiete.

En junio, cuando las cifras ya se habían disparado y había desesperación, Delia Ferreira, directiva de la ONG Transparencia Internacional, advirtió durante una videoconferencia organizada por el centro de pensamiento Wilson Center: “Los reportes de corrupción han ido a la par con la crisis (…). Tenemos casos en todos los países de Latinoamérica”.

Hasta fines de junio, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y República Dominicana, entre otros países, habían reportado casos de corrupción vinculados con compras relacionadas a la pandemia.

El incremento de la corrupción durante la pandemia también encendió las alarmas en las Naciones Unidas, que decidió crear un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos en América Latina para evitar sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos médicos durante la pandemia de la Covid-19.

El 15/10, en un video público, el Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un llamado para combatir la corrupción en tiempos de la Covid-19. Denunció que la respuesta al coronavirus crea nuevas oportunidades para que los corruptos puedan aprovecharse de las escasas medidas de supervisión y la falta de transparencia para robar dinero a las personas cuando más lo necesitan.

La corrupción durante la pandemia de Covid-19 es inmoral, criminal y representa la máxima traición a la confianza del público”, afirmó.

Vamos a un fragmento de Baldwin Montero:

"No se conoce a ciencia cierta cuál fue la incidencia real de la falta de respiradores en las alrededor de 9.000 muertes (8.982 hasta el 2 de diciembre) ocurridas en el país como consecuencia de la presencia del nuevo coronavirus. Lo que sí se conoce es que el Gobierno boliviano compró medio millar de esos equipos en dos procesos plagados de irregularidades y que, al final, la mayor parte de los equipos no salvaron vidas y terminaron en depósitos donde esperan el desenlace de este escándalo de corrupción.

Sin duda fue el hecho más condenado en la gestión de la entonces presidenta Jeanine Añez, no sólo porque tocó a varios funcionarios de alto nivel de su administración y comenzó a generar desconfianza en su labor, sino porque además mostró que la ambición de algunos funcionarios públicos no respeta ni siquiera el momento más doloroso que pueda sufrir su pueblo.

En la gestión transitoria se presentaron otros hechos de presunto uso indebido de recursos del Estado, como el de los finiquitos y vuelos en Entel, la compra de armamento no letal o la contratación de seguros en YPFB; pero ninguno comparable al caso de los respiradores, españoles y chinos.

La pandemia había llegado al país el 11 de marzo, con dos casos confirmados en el departamento de Oruro, lo que hizo que el Gobierno declare una emergencia nacional. Dos días después ya había 10 casos y a los seis días el Ejecutivo se vio forzado a declarar una cuarentena nacional hasta fines de ese mes.

El 29 de marzo se reportó la primera muerte (una mujer de 78 años en Santa Cruz de la Sierra) y un día después los fallecidos ya sumaban seis. La cifra de contagiados ya se había disparado y abril llegó con 123 casos confirmados y ocho muertes.

Se tomaron medidas preventivas, como en otros países. El Gobierno ya había advertido que la pandemia podría llegar a colapsar en cualquier momento los centros de salud y que surgía la  necesidad de comprar respiradores para atender a los enfermos más graves.

Y es que marzo había cerrado con 1,8 millones de casos y 116 mil  muertos en el mundo y la pandemia se presentaba en Bolivia con una tasa de mortalidad del 7%, por encima del promedio mundial que era del 6%.

El 1 de abril, a través de su cuenta en Twitter, Añez compartió un video de Mohammed Mostajo-Radji, embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien anunciaba la compra de 500 respiradores. En ese momento, el ministro de salud era el médico  Aníbal Cruz.

“Mohammed Mostajo-Radji, nuestro embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación, nos cuenta sobre la compra de los 500 nuevos respiradores que están llegando al país y todos los avances en la lucha contra el Coronavirus”, escribió.

Cruz renunció al cargo por motivos personales y el 8 de abril el cirujano neumólogo Marcelo Navajas asumió como ministro de Salud. Lo hizo cuando se reportaban en el país 264 casos. Cuando cumplió un mes en el puesto ya habían superado la barrera de los 2.000.

La situación era compleja, no sólo en Bolivia, sino en todo el mundo. En este contexto, el 11 de mayo se reunieron en España el cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, el CEO de la firma proveedora de respiradores GPAInnova, Pau Sarsanedas, e Iñaqui García, quien actúa por delegación de Ignacio Mazzarasa, dueño de la firma IME Consulting. El objetivo, según un informe enviado ese día por Pareja a la canciller Karen Longaric, fue realizar una inspección de unos respiradores que se venderían a Bolivia mediante la intermediaria IME Consulting.

Fernando Valenzuela, entonces director jurídico del Ministerio de Salud, había solicitado la inspección. Después de que se realizó el reconocimiento, según el informe de Pareja, García se comunicó con él para comentarle que la operación estaba en riesgo por una oferta a mitad de precio que había llegado a las autoridades bolivianas.

Informó que luego se comunicó con Valenzuela para hablar de ello y comentarle que él no podía garantizar la existencia de la otra empresa. Al día siguiente, Valenzuela llamó a Pareja (18:01, hora de España) para informarle que había sido aceptada la oferta de GPAInnova e IME Consulting.

Dos días después, el lunes 11, el ahora excónsul dice que recibió una llamada de Geovanni Pacheco, director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), quien le informó que ya se había firmado el contrato y que ese mismo día se realizaría la transferencia.

El 14 de mayo, cuando el coronavirus ya había quitado la vida a 152 personas en Bolivia y contagiado a 3.372, llegaron los primeros respiradores españoles de los 170 comprados por el país. Ese mismo día, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un comunicado en el que indicó que financió la compra y el traslado de esos equipos desde Barcelona. 

Detalló que se destinaron cinco millones de dólares para la adquisición de los ventiladores (precio unitario  29.411 dólares). Fue la primera referencia sobre el costo de los equipos. 

Luego de ello,  especialistas advirtieron que no había capacidad hospitalaria ni personal para la implementación de esos equipos. Sumaban las  dudas, aunque aún no había estallado el escándalo de los sobreprecios.

“Sólo el 25% de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que tenemos se pueden expandir, máximo podemos  aumentar 125. Entonces, los 500 ventiladores ¿dónde van a entrar?. No hay intensivistas ni ítems para las enfermeras especializadas”, declaró el 24 de mayo a Página Siete el presidente del comité científico de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Patricio Gutiérrez.

“No hay que ver los equipos de forma independiente, un ventilador mecánico no es la solución. El sistema de salud pública está en estado crítico y así se traigan 100 o 1.000  ventiladores, no abastecerán ni entrarán en los hospitales, porque no hay toda la estructura necesaria”, coincidió el presidente de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, Adrian Ávila. Algo olía mal.

Con todo, los equipos fueron enviados a Beni y Cochabamba, donde fueron observados por no ser los adecuados para terapia intensiva. La Presidenta dijo entonces que el Gobierno sufrió para poder adquirirlos y calificó a los cuestionamientos como “canalladas”.

El hecho fue que comenzó una fiscalización pública a los respiradores. El exsenador Paulo Bravo, por ejemplo, publicó en redes sociales un caso de compra con sobreprecio en Brasil y preguntó: “¿sabrán cuánto es el sobreprecio de los nuestros?”.

GPAInnova refería en su página web que el costo de cada equipo del modelo básico, como los que compró el gobierno de Añez, era de US$ 6.591 y el país había pagado más de cuatro veces ese precio. El 18 de mayo Navajas ofreció una conferencia de prensa en la que negó una compra con sobreprecio e informó que por cada respirador se pagaron US$ 27.683. Aseguró que ese era el precio de este tipo de equipos en el mercado mundial, en ese momento.

Un día después, en una entrevista con un medio de comunicación local, Sarsanedas dijo que el requerimiento fue por los equipos básicos que cuestan US$ 6.591 cada uno, pero que los actualizarían al modelo Advanced, de US$ 10.436. Poco después la presidenta Añez anunció el inicio de una investigación y Valenzuela y Pacheco fueron aprehendidos.

El 20 de mayo ocurrió lo mismo con Navajas, quien un mes después logró la detención domiciliaria y, en octubre, que se anule la imputación. En su reemplazo fue posesionada Eydi Roca.

Cuando el caso de corrupción ya había copado las agendas informativas y comenzado a minar la imagen del Gobierno, el 21 de mayo arribó a La Paz, procedente de Cochabamba, Luis Fernando Humérez Ortiz, quien se presentó como “testigo clave” del caso.

Dijo que el Gobierno fue estafado por la empresa proveedora de los equipos;  involucró al abogado Wálter Zuleta y, tras su testimonio, la Fiscalía decidió imputarlo. Luego fue enviado preventivamente a prisión. El 25 de noviembre se benefició con detención domiciliaria.

Navajas había logrado mucho antes la detención domiciliaria, el 18 de junio; pero a fines de agosto surgió una nueva denuncia, esta vez por la compra de 324 respiradores chinos, también con presunto sobreprecio. 

Al igual que en el caso de los españoles, esa adquisición se hizo mediante una empresa intermediaria, en este caso el Grupo AGEM Ingeniería y Proyectos SAU, una sucursal del Grupo AGEM, registrado en España.

Los documentos de exportación establecen que el precio total, incluido el transporte, fue, en promedio, de US$ 12.963 por equipo. El Ejecutivo, mediante la contratación de la empresa intermediaria española, pagó como US$ 35.000 por cada respirador, lo que implica un supuesto sobreprecio de US$ 7,1 millones. En total, el Estado pagó US$ 11,3 millones. (...)

El gobierno de Jeanine Añez, acorralado por el escándalo de corrupción por la compra de respiradores, barajó la hipótesis de que fue víctima de una conspiración urdida desde la misma estructura gubernamental, de la mano de funcionarios que aún respondían al Movimiento Al Socialismo (MAS). (...)".