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Una ley, una prohibición, una condena y muchas esperanzas de justicia ambiental

En un año castigado por incendios intencionales, ambientalistas buscan preservar el Delta del Paraná de la contaminación del aire, suelo y agua. Luego de la aprobación de la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, se esperan más acciones en beneficio de la naturaleza.

Hace pocos días se prohibió el uso de agroquímicos en 250 mil hectáreas de islas del Paraná mediante una medida cautelar.

De acuerdo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), de enero hasta la actualidad fueron incendiadas 1080846,98 hectáreas. Ambientalistas señalaron, desde la aparición de los primeros focos, que se trataba de quemas intencionales ligadas a la especulación inmobiliaria y a la preparación de tierras para agricultura. 


No obstante, solo fueron opiniones hasta que salió a la luz el caso de Islas Lechiguanas en el Delta del Paraná, en territorio entrerriano pero frente a la ciudad de  Ramallo (Buenos Aires). 

Fue la organización UPVA y la bióloga del CONICET Natalia Morandeira quienes denunciaron a un productor por utilizar tierras de islas previamente quemadas con maquinaria de fumigación. De esa forma, hacía uso de 4 mil hectáreas sin autorización y de forma completamente ilegal.

Gracias a la acción y presión sistemática de las agrupaciones, el jueves pasado el juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, determinó mediante una medida cautelar "la prohibición absoluta del uso de agroquímicos, plaguicidas y/o sustancias contaminantes de cualquier naturaleza". 

La medida se extiende a las 250 mil hectáreas que abarca el archipiélago de las Lechiguanas.

La medida se enmarcó en una semana de altas esperanzas medioambientales luego de la aprobación en el Senado de la modificación de la Ley de Manejo del FuegoCon 41 votos a favor y 28 contra, se prohibió el cambio de uso de suelos, por lo que actividades como la de islas Lechiguanas serán consideradas delictivas. 

Sin embargo, estas dos noticias no han sido las únicas optimistas en términos de justicia ambiental. Hoy, 14 de diciembre, tuvo lugar la primera condena por un delito ambiental en la historia de la Justicia Federal de Paraná, Entre Ríos. 

Luego de comprobar la contaminación del aire, suelo y agua de un pueblo llamado Aldea Brasilera, se condenó al titular de una empresa que producía jabones y grasas.

La Justicia demostró que Jorge Mocarbel tiraba efluentes contaminantes al curso de agua y que quemaba a cielo abierto restos de animales liberando toxinas dañinas para la salud.

La modificación de la Ley 26.815, la prohibición de fumigación en el Delta y la condena efectiva a un culpable de contaminación, otorgan esperanzas en el cierre de un año lamentable para la justicia ambiental.