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El MAS echa lastre y se renueva mientras presiona la reforma judicial

El Movimiento al Socialismo filial Santa Cruz decidió¿ expulsar al exministro de Evo Morales, Carlos Romero, y ratificar la necesidad de renovación de la fuerza política que gobierna Bolivia. En tanto, se envió un ultimátum al Consejo de la Magistratura para su renuncia inmediata o habrá causas judiciales.

Iván Lima, ministro de Justicia de Bolivia.

El diputado MAS Rolando Cuellar confirmó que el bloque Oriente de Santa Cruz decidió la expulsión del exministro de Gobierno, Carlos Romero, del Movimiento Al Socialismo (MAS) porque ese ex funcionario "traicionó" al partido y a Evo Morales durante los conflictos poselectorales de 2019.

Carlos Gustavo Romero Bonifaz es un abogado, ex senador, varias veces ministro durante el 1er., 2do. y 3er. gobierno del entonces presidente Evo Morales Ayma. 

Él fue ministro de Gobierno de Bolivia en 2 ocasiones: desde el 23/01/2012 hasta el 15/07/2014 y desde el 25/05/2015 hasta el 10/11/2019.

El 07/01/2020, el nuevo director general del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) Rafael Quispe (ex diputado suplente), denunció ante el Ministerio Público de Bolivia a Romero Bonifaz por daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito y otros delito, en el marco de las investigaciones del millonario desfalco del antiguo Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc). 

Junto a Romero, Rafael Quispe denunciaó al exministro de Economía, Luis Arce Catacora, hoy Presidente boliviano; y el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

El 17/011/2020, el Juzgado Anticorrupción N°1 de la ciudad de La Paz envió a Romero Bonifaz a la Cárcel de San Pedro por los presuntos delitos de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico, dependiente del Ministerio de Gobierno de Bolivia.​ 

Pero el 30/06/2020, la Justicia boliviana le concedió la detención domiciliaria pero con una fianza de US$ 50.000.

Renovación

Cuellar: “En Santa Cruz, el bloque Oriente, los Interculturales, las Bartolinas y las organizaciones sociales dieron una conferencia de prensa ratificando la expulsión del señor Carlos Romero (…), por traición al proceso de cambio, al compañero Evo Morales” porque “mientras el gobierno transitorio perseguía ministros y había persecución política, el señor Carlos Romero se campeaba en la ciudad de La Paz con apoyo de (la entonces presidenta Jeanine) Añez y Arturo Murillo”.

Asimismo, acusó a la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, por haber renunciado a su cargo sin justificativo, en noviembre de 2019, hecho que posibilitó que Añez tomara su lugar y luego asumiera la Presidencia del Estado.

Desmintió que las organizaciones sociales del MAS Santa Cruz pretendan proponer a Salvatierra a algún cargo futuro.

Sostuvo que la exsenadora debe “bajar a las bases para explicar por qué renunció y le entregó el Gobierno en bandeja a Añez. Ella pudo prevenir los 37 muertos en Sacaba y Senkata y el motín policial”, aseguró.

“En este momento el MAS se encuentra en un proceso de renovación, con gente nueva, la gente que ha estado en los 14 años de la anterior gestión ahora debe descansar. Ella (Salvatierra) ha cometido muchos errores, debe descansar y en política no se perdonan esos errores”, manifestó Cuellar.

Ultimátum

En tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, amenazó con un juicio de responsabilidades a los consejeros de la Magistratura si no renuncian hoy (martes 24/11). 

“El inicio de un juicio de responsabilidades es inminente. Si no tenemos decisiones patrióticas de estos consejeros que den un paso al costado y decidan de una vez dejarnos encarar una reforma judicial, vamos a tener que iniciar un juicio de responsabilidades”, dijo el ministro en el programa ‘Noches Sin Tregua’, de Cadena A.

Las principales observaciones de Lima al trabajo al Consejo de la Magistratura están relacionadas con el hecho de que aún hay 151 cargos acéfalos en el Órgano Judicial, mientras más de 300.000 juicios están pendientes.

Hay quienes afirman que en Bolivia hay 300.000 causas en instancias judiciales acumuladas por el periodo de la cuarentena.

“Ni aún con los jueves que van a nombrar el jueves 26/11, van a llenar las acefalías. No han tomado criterios de previsión”, acotó, lamentando que el Consejo de la Magistratura se convirtiera en un “monstruo administrativo”.

La Magistratura es integrada por Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel, electos en 2017 por un periodo de 6 años, quienes, de forma “inminente”, deberán afrontar el proceso al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Los consejeros de la Magistratura fueron electos por voto popular, para un mandato de 6 años hasta enero de 2024, al igual que los otros magistrados de los tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental, además del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“La oportunidad que (ellos) han tenido no es 1 mes, no es 2 meses, han tenido 3 años para sacarnos de esta crisis, (pero) en estos 3 años la han profundizado más y esperar otros 3 años para que terminen de enterrar el Poder Judicial creo que no es responsable y mi responsabilidad es denunciar estos hechos y tomar las acciones necesarias”, sostuvo el ministro Lima.

La reforma

El impulso a una reforma judicial quedó en evidencia cuando el canciller Rogelio Mayta, durante el inicio de la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar las muertes de Sacaba y Senkata en 2019, advirtió: “Tenemos expertos internacionales porque lastimosamente nuestro sistema de administración de Justicia no es creíble para los propios bolivianos y eso tenemos que aceptarlo con hidalguía”.

“Si el Consejo de la Magistratura es el problema, pondremos soluciones. Hay dos variables posibles: uno, incrementar el número de consejeros o, dos, suprimir el Consejo de la Magistratura; es así de drástica la necesidad que tenemos de que funcione la justicia en el país, si esto implica reformas constitucionales, tendrán que hacerse, no creemos que haya necesidad de llegar a ese extremo”, había dicho Lima.

Lima explicó que si se opta por aumentar el número de consejeros, a través de reformas legales, será para designar a 7, o sea aumentar 4 más, los mismos que serían designados por la Asamblea Legislativa.

El Consejo de la Magistratura forma parte del Órgano Judicial y es responsable del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas. Además, tiene en sus manos el control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero de la formulación de políticas de su gestión. 

Lima advirtió que “el inicio de un juicio de responsabilidades es inminente. Si no tenemos decisiones patrióticas de estos consejeros que den un paso al costado y decidan de una vez dejarnos encarar una reforma judicial, vamos a tener que iniciar juicio de responsabilidades”, según declaró a Cadena A.