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La nueva Constitución de Chile y una nueva oportunidad medioambiental

A pesar que pocas semanas atrás el país optó por no ratificar el Acuerdo de Escazú, ambientalistas consideran que una nueva Carta Magna abre las posibilidades de saldar deudas con la naturaleza. 

"No podemos dejar de ver cómo a nivel mundial, muchos procesos y fenómenos se han acelerado en los últimos años, como la pérdida de biodiversidad y el aumento de nuestra huella ecológica. Y lamentablemente Chile no se encuentra ajeno a esto". (Ricardo Bosshard, director de WWF Chile).

Tras el contundente resultado del plebiscito de ayer en Chile, comienza el proceso de redactar una nueva Constitución. La actualmente vigente fue elaborada por el dictador Pinochet de forma autoritaria y a puertas cerradas. 

Aunque sufrió varias modificaciones, sigue teniendo varias deudas con el pueblo chileno. Unas de ellas es hacia los pueblos originarios y el medioambiente cuyo déficit de perspectiva puede visibilizarse, por ejemplo, en la gestión del agua: Chile es el único país del mundo que la privatizó. 

Semanas atrás el país rechazó ratificar el tratado de Escazú cuyo objetivo es forjar un ambiente sano para las generaciones futuras. Se trata del primer tratado en la materia de América Latina y el Caribe, es pionero en la búsqueda desarrollo humano con foco en la sustentabilidad.

La organización World Wildlife Fund Chile considera que esta es una oportunidad para que la protección al medioambiente sea parte de la Carta Magna, ya que allí se configuran las bases de las leyes que regulan el cuidado de la naturaleza y las personas.

"Un país moderno y que se proyecta al futuro debe priorizar aspectos como la conservación de la naturaleza y la reducción y mitigación de los impactos humanos. Una biodiversidad sana y la incorporación de desafíos como el cambio climático de manera transversal son claves para poder avanzar hacia un desarrollo que sea sustentable, resiliente, equitativo y que incorpore a las comunidades locales", dijo el director de WWF Chile, Ricardo Bosshard.

Asimismo WWF citó un análisis de 30 Constituciones a nivel global que concluyó que el 67% de ellas considera que es deber del Estado proteger el medio ambiente y un 51% incorpora el concepto de desarrollo sustentable o sostenible.

Bosshard explicó que "en el caso de la Constitución de Chile, se puede decir que en su momento fue innovadora al incorporar este derecho [el de vivir en un ambiente no contaminado] aunque al día de hoy debe ser revisado y actualizado en relación a los nuevos contextos y necesidades en términos ambientales". 

Algunos de los temas que ambientalistas esperan modificar son: la calificación de ciudades sostenibles, el derecho al agua y la protección de bosques. 

Agregó que "no podemos dejar de ver cómo a nivel mundial, muchos procesos y fenómenos se han acelerado en los últimos años, como la pérdida de biodiversidad y el aumento de nuestra huella ecológica. Y lamentablemente Chile no se encuentra ajeno a esto.  Es momento de pensar y construir esta nueva Constitución que nos ayude a navegar en un futuro lleno de desafíos, incluida la pérdida de biodiversidad a gran escala y el cambio climático, los cuales nos acompañarán al menos los próximos 50 años".