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Más evidencias contra un productor que fumiga ilegalmente islas incendiadas

En septiembre se realizaron las primeras denuncias luego que testigos constataran la presencia de maquinaria agrícola en islas entrerrianas frente a Ramallo (Buenos Aires), entre ellas un mosquito.

Información recogida y sistematizada por la organización UPVA (Unidos por la Vida y el Medio Ambiente).

En septiembre comenzaron a circular estas imágenes de maquinaria agricola en territorios recientemente incendiados.

La organización UPVA y la bióloga del CONICET Natalia Morandeira denunciaron con evidencias más precisas a un productor que utiliza tierras de islas con maquinaria de fumigación, para hacer uso de 4 mil hectáreas sin autorización y de forma completamente ilegal.

En septiembre una fuente preservada facilitó fotografías y relatos que luego se difundieron en medios de comunicación, y atestiguaban tales delitos en tierras lindantes al arroyo Lechiguanas.

Ayer se divulgó el nombre de la persona en cuestión y de la empresa, y mayores detalles de lo que ocurre en territorios entrerrianos de Delta frente a la ciudad de Ramallo (Buenos Aires). De acuerdo a lo que aseguró UPVA se trataría del productor Fabio Di Fonzo y la empresa “El Mapuche SRL”.

Además de estas presuntas violaciones a la ley, se añade la clausura del Zanjón de Gregorio, que impide que pescadores se acerquen al arroyo a trabajar y, eventualmente, recopilar evidencias de lo que ocurre isla adentro. 

A pesar que la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, que prohibiría el cambio de uso de suelo de entre 30 a 60 años, no está aprobada, sí hay otros marcos regulatorios que inscriben las anteriores acciones como infracciones. 

Desde julio rige una medida cautelar en el Delta del Paraná que prohíbe absolutamente "acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda". 

Asimismo faculta a Gendarmería y Prefectura a garantizar la aplicación de las medidas. 



Declaración completa de la ONG Unidos por la Vida y el medio Ambiente


"DONDE HUBO FUEGO, NEGOCIOS QUEDAN
¿Quiénes lucran con los incendios de las islas frente a Ramallo?
Los meses del pasado invierno se caracterizaron por una peculiar sequía producto de un otoño e invierno cálidos y secos , así como de la interrupción de los sistemas de evaporación llamados “Ríos del Cielo” debido a los incendios en el Amazonas. Ello repercutió además, como todos pudimos constatarlo, en una inusitada bajante del caudal del río Paraná, afectado directamente por el bajo nivel de lluvias de su cuenca. Con ello, muchas lagunas y arroyos internos se secaron, por lo que desaparecieron obstáculos que, en otras circunstancias, hubieran actuado como cortafuego.
La escasez de precipitaciones, además originó un aumento de la biomasa seca y de suelos secos en los territorios de humedales que comúnmente conocemos como “Islas”, convirtiéndose en material combustible. En estas condiciones sólo hacía falta una chispa para originar la catástrofe, pero lo que terminó creándola fue más bien un lanzallamas.
Las consecuencias: humo por todas partes, persistiendo en las poblaciones costeras durante semanas, un cielo encapotado de cenizas, animales y plantas calcinados, rancheros desplazados con su ganado muertos y sus bienes destruidos, y una enorme pérdida de biodiversidad que llevará años reparar.
En el contexto de pandemia y de aislamiento social, la baja circulación de personas por los parajes ribereños, dificultó mucho la tarea de recabar evidencias sobre quiénes eran los responsables de provocarlos, o si existían siquiera tales responsables, aunque en muchos casos se consiguió material audiovisual que constató el carácter intencional de los mismos, pero ¿Quiénes son?
De entre las cenizas que levanta el viento, los brotes verdes de los negociados se asoman. Al final sólo bastó con vigilar la tierra arrasada por el fuego. Las noticias de los pescadores encendieron las alarmas. De pronto ya no podían cruzar por el famoso “Zanjón de Gregorio” para alcanzar el arroyo Lechiguanas. Pontones flotantes amarrados con cadenas, un candado y un cartel de “Propiedad Privada” en reemplazo del que indicaba el nombre del canal, lo impedían.
Diversas averiguaciones que realizó nuestra organización, develaron que tras de esas cadenas se preparaban para sembrar la tierra. Poco a poco fuimos recabando más testimonios e imágenes, el más explícito fue el de una célebre embarcación transportando un mosquito adaptado para fumigar en el territorio de humedales. La chata con la denominación ”FORESTARGEN”, matrícula Nº 02251, se dirigía efectivamente hacia los terraplenes construidos islas adentro transportando insumos agropecuarios. Conocimos también que Natalia Morandeira, investigadora del CONICET y bióloga, se encontraba realizando denuncias en los medios y a organismos de Entre Ríos desde el día 16 de septiembre de este año. Ya entonces las autoridades conocían la presencia de maquinaria agrícola en las Lechiguanas.
Las tierras en cuestión son explotadas por el señor Fabio Di Fonzo, mediante una empresa llamada “El Mapuche SRL.” con miras a sembrar 4000 hectáreas de islas de igual manera que si se tratase de tierras pampeanas, la misma persona responsable de clausurar el acceso al Zanjón de Gregorio para evitar que surjan testimonios sobre las actividades que allí realiza. Entonces atando cabos podemos aventurar que los incendios son intencionales y que cumplen la función de desmalezar, para evitar dedicar a ello el costoso trabajo de horas máquina sobre extensas superficies de territorio , y así dejar disponibles las tierras para la agricultura intensiva.
Cabe señalar que sobre el Delta del Paraná rige una medida cautelar que busca proteger a las islas de daños ambientales preventivos: tras las quemas, las islas necesitan un respiro para restaurarse. La medida cautelar fue dictada el día 1 de Julio, cuando el Juzgado Federal Nº2 de Paraná, falla a favor de la ASOCIACION CIVIL CUENCA RIO PARANA , representada por la Dra. Agostina Castillo y la Dra. Melisa Martiñena, y a la ASOCIACION CIVIL FORO MEDIO AMBIENTAL, representadas por el Dr. Fabian Maggi, la Dra. María Viviani y el Dr. Gustavo Madeira, imponiendo un amparo que ordena, como lo dice textualmente el fallo “la PROHIBICION ABSOLUTA de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda.” E instruye a las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería y Prefectura) con jurisdicción sobre la provincia de Entre Ríos, garantizar que tales medidas sean implementadas.
UPVA realizó la semana pasada tareas de vigilancia en las que pudo constatar la violación de tal cautelar, grabando imágenes in situ del mosquito transportado en la chata, realizando aplicaciones de agrotóxicos con motivo de preparar el terreno para una futura siembra. Las mismas ya están a disposición de la Justicia de manera que sirvan como evidencia para futuras acciones dedicadas a la preservación de los espacios de islas y serán dadas a conocer a la comunidad en los próximos días.
Cabe destacar como agravante, que la clausura del paso del Zanjón, también constituye una violación a la mencionada cautelar y un perjuicio enorme a la población de Ramallo que se vale de él para realizar sus actividades en las islas, obligándolos a consumir tiempo y recursos en un viaje de varias horas para acceder al mismo punto.
Resulta asimismo notable la falta de compromiso de las autoridades locales para tomar cartas en el asunto, librando la problemática de los incendios a la acción de la comunidad, prefiriendo desviar la mirada ante hechos tan graves como son los incendios o las restricciones a la navegación. Si la imposibilidad de actuar sobre jurisdicciones de otra provincia justifica ese silencio, la posibilidad de investigar o hacer pública información que la población logró conseguir por sus propios medios, la refuta.
Nuestra organización seguirá actuando coherentemente con las preocupaciones que manifestamos desde hace años, y participaremos activamente en todo tipo de medidas dedicadas a defender nuestros humedales, de los que dependemos y gracias a los que vivimos".