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Hartos de las dilaciones de Madrid, el Gobierno español le impuso el estado de emergencia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) rechazó consensuar una fórmula legal para mantener el confinamiento perimetral en Madrid. Entonces, el Consejo de Ministros de España (hoy día Partido Socialista Obrero España y Unidas Podemos) decidió concretar su ultimátum y decretar el estado de alarma en la capital por 15 días, medida de aplicación inmediata, después de la publicación del decreto en el BOE, con restricciones para la entrada y salida sin causa justificada de la capital y los otros 9 municipios madrileños en las que había confinamientos previos (Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz). 

El estado de alarma es un régimen excepcional​ en España que se declara para asegurar el restablecimiento de la normalidad de los poderes en una sociedad.

Medida extraordinaria en un contexto anómalo, con la ausencia del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, de visita oficial en Barcelona (Catalunya) junto al rey Felipe VI, en una ciudad blindada por las protestas contra el monarca. 

Ante la ausencia de Sánchez, el Consejo de Ministros fue presidido por la vicepresidenta 1ra., Carmen Calvo, para tratar imponer en Madrid el estado de alarma. 

El estado de alarma es un régimen excepcional​ que se declara para asegurar el restablecimiento de la normalidad de los poderes en una sociedad.

El Gobierno de España, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, puede declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca una alteración grave de la normalidad (catástrofes naturales, crisis sanitarias, desabastecimiento de productos de primera necesidad, paralización de servicios públicos esenciales).

El estado de alarma se declara por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo, y establecerá el alcance y condiciones vigentes durante la prórroga. 

El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

El objetivo: evitar la salida de los madrileños hacia otras comunidades coincidiendo con un feriado puente. 

"Hay que evitar que en este puente se distribuya el virus sin control", ha concluido el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El ministerio de Interior ha diseñado un despliegue de más de 7.000 efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil del que ha dado cuenta el ministro Fernando Grande-Marlaska. 

Hay un centro de coordinación que evaluará de forma diaria la situación. 

El estado de alarma se prolongará durante 2 semanas y a partir de ese momento se prevé acudir a la Ley General de Sanidad de 1986, tal como han hecho otras comunidades, si todavía no se ha doblegado la curva. 

La "preocupante" evolución de las cifras de contagios, el riesgo para la expansión del virus debido al puente del 12-O y la incapacidad para consensuar salidas coordinadas han sido los factores que han precipitado la decisión, después de que el TSJM levantase las medidas que la Comunidad de Madrid se vio obligada a aplicar respecto de una orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la que se impuso el cierre en Madrid capital y otras ciudades madrileñas.

La previa

La queja del PP, que gobierna la Comunidad de Madrid es que el Gobierno ejecutó ahora lo mismo que había bloqueado la Justicia.

El Gobierno español ha explicado públicamente que en hasta 7 ocasiones la Comunidad de Madrid se ha dirigido a los tribunales para solicitar aval a sus medidas de limitación de la movilidad y así bloquear las recomendaciones de la Administración Sánchez. 

"En 6 hubo pronunciamiento favorable invocando la Ley General de Salud Pública de 1986. En la última no ha invocado este aval. Son las comunidades autónomas las que lo han solicitado", ha dicho el ministro Illa culpando a la Comunidad de Madrid de haber forzado esta situación: "Estamos donde estamos porque algunos han querido llegar aquí. El Gobierno ha hecho lo que tenia que hacer".

"Proteger la salud pública ya"

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó este jueves 09/10 las medidas que restringían la movilidad en nueve municipios de la Comunidad de Madrid, así como la capital, una orden que emitió el Gobierno de coalición y que establecía confinamientos perimetrales. 

Esta situación había alimentado la incertidumbre entre los madrileños y, tras las discrepancias públicas entre el Ejecutivo regional y el de Pedro Sánchez y los previsibles desplazamientos motivados por el feriado puente del Pilar, el Palacio de la Moncloa amenazó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso con decretar el estado de alarma en la región.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)2​ y Máster en Comunicación Política y Protocolo, Ayuso se había ufanado semanas atrás que en Madrid la situación era mejor que en otros territorios españoles, y también cuestionó iniciativas del Ejecutivo español.

Ahora, el Ejecutivo comunicó a Ayuso que, si no aprobaba una orden con las medidas de control de la pandemia del coronavirus que exige el Ministerio de Sanidad, se decretaría el estado de alarma. La popular pidió tiempo al Ejecutivo para trasladarle un plan de restricciones.

El presidente del Gobierno le había pedido a la presidenta madrileña que apoyara al Ejecutivo en su decisión de declarar el estado de alarma en Madrid para retomar las medidas denegadas por el TSJM, y la respuesta recibida fue no.

Ayuso le reclamó a Sánchez más tiempo, pero que el Presidente le respondió: "Hay que proteger la salud pública ya". 

No obstante, han acordado que en los próximos 15 días los equipos seguirán hablando de los escenarios.