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Inquilinos, inmobiliarias y un decreto que muere en 15 días

La posibilidad de extender la vigencia del Decreto 320/2020 ha generado un largo debate. A 15 días para que culmine el plazo original, las organizaciones a favor de los inquilinos advierten que de no haber prórroga, los desalojos serán inminentes. Mientras, del lado de los inmobiliarios consideran "inoportuna" la extensión de la norma.

Hay un gran debate sobre la prórroga del Decreto 320/2020, aunque es casi un hecho. El congelamiento de precios sería hasta marzo 2021, es lo que proponen. Foto: Télam

El debate sobre la extensión del Decreto 320/2020 se hace cada vez más intenso.


Y es que faltan tan sólo 15 días para que culmine el plazo original, otorgado a propósito de la pandemia del coronavirus.

Se trata del congelamiento de precios de alquileres, la prohibición de desalojos y la extensión de los contratos.

De ahí, y de la continuidad de la crisis generada por la pandemia, que las organizaciones a favor de inquilinos han presionado por una prórroga hasta marzo de 2021.

Mientras, desde el sector inmobiliario lo consideran "inapropiado".

Sectores a favor y en contra

Gervasio Muñoz, referente de la Federación Nacional de Inquilinos, insiste en la urgencia de extender el decreto, tomando en cuenta la continuidad de la pandemia.

El 30% -dice- no pudo pagar el alquiler en agosto y la mitad tiene deudas de dos meses o más. Cada vez más familias y más hogares pueden ser desalojadas cuando termine la vigencia del decreto, advierte. 

 A diferencia Muñoz, desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) consideran “inoportuna” una posible extensión del decreto, “cuando la actividad económica comienza a normalizarse en el país en la mayoría de los sectores”. 

Según la entidad, hay un “bajísimo” incumplimiento en los pagos, y un “bajo grado de conflictividad entre las partes”, alegan en un comunicado.

No obstante, en el proyecto de ley que introdujeron ayer en la Cámara de Diputados para prorrogar el decreto, se indica que  hay aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre.

 Y se añade que 47,4% de inquilinos del país percibe menos ingresos desde que comenzó la pandemia. De ese segmento 40,6% está endeudado.

Frente al debate, la extensión del decreto, es casi un hecho.