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Debatiendo una reforma policial

Las violentas represiones en Bogotá (Colombia) durante la semana que pasó, han estimulado el debate para una reforma policial, un tema no muy diferente al de la Argentina, aunque por otros motivos. En el caso colombiano hay 3 iniciativas con trámite legislativo ya, y es interesante conocer de qué trata, considerando que en Colombia un larguísimo conflicto entre militares y organizaciones terroristas, además de un desempeño extenso de cárteles de narcotraficantes camuflados de paramilitares políticos, deformó la institución policial, y requiere una recuperación tanto institucional como individual.

"Ahora en pandemia, al haber mucha menos gente en el espacio público implica menor control ciudadano y ese es uno de los factores que ha aumentado la violencia policial. Y también, al existir más normas y más limitaciones al derecho a la circulación, se otorgaron a los policías más poderes y, por ende, una mayor discrecionalidad de lo que se puede o no hacer en la calle#, explicó Alejandro Lanz Sánchez, codirector de la ONG Temblores.

“Se ha querido ver a la Policía como un brazo del Ejército en las ciudades. Eso no puede seguir pasando”, explicó Katherine Miranda.

La reforma a la Policía Nacional se debatía en Colombia antes de la muerte del abogado Javier Ordóñez Bermúdez en la noche del 08/09. El video en redes sociales con la súplica de Ordóñez a 2 uniformados que dejen de someterlo al shock de una pistola táser fue una completa indignación.

Sí, hay que reorganizar no sólo la organización de la institución policial sino también la mentalidad de los policías.

La organización no gubernamental Temblores, documentó desde 2017, cuando se conoció el actual Código de Policía, los casos de abuso y violencia que involucran a uniformados: 40.400 casos, que incluyen 639 homicidios y 241 agresiones sexuales, con el Instituto Colombiano de Medicina Legal como fuente irreprochable.

En consonancia con estos hallazgos, la organización lanzó una plataforma digital, la cual llamaron ‘¡Grita!’, para que las víctimas de violencia policial puedan denunciar lo ocurrido y recibir atención. En lo que va de 2020, 170 agresiones y 10 homicidios (incluido el de Javier Ordóñez Bermúdez) han sido puestos en conocimiento de Temblores ONG a través de este medio.

Hay que agregar otros 34 homicidios cometidos por agentes de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) desde su creación en febrero de 1999.

Un proyecto

El representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, Inti Asprilla, es el autor de una propuesta de reforma policial de 3 ejes en 25 artículos.

Asprilla propone 

** crear una cátedra, de carácter obligatorio y sin importar el rango, sobre uso proporcional de la fuerza y respeto de los derechos humanos;

** cambiar el Código de Policía y crear una política general de prevención y sanción del abuso policial; 

** reglamentar los procedimientos utilizados contra personas no armadas, limitando el uso de armas y la pistola táser solo podrá aplicarse para 1 descarga y con prohibición de la práctica del estrangulamiento como método de control;

Otro proyecto

Desde el 20/07 se tramita en el Senado otro proyecto de ley, que se enfoca en el Esmad, del que participó la legisladora María José Pizarro, de Lista de los Decencia, para quien hay que regular el accionar de la fuerza pública en el marco de manifestaciones públicas.

Entraría en revisión todo el armamento no letal que posee el Esmad.

No podrían utilizarse ni proyectiles (tal como el que acabó con la vida de Dilan Cruz) ni el lanzamiento de objetos a manifestantes ni las armas de fuego. 

Y el 3er. proyecto

Otra representante, Katherine Miranda, junto al expresidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, coincide con Asprilla en exigir capacitaciones a los agentes de policía.

También: "Este proyecto establece una obligación de informar en caso de usar la fuerza, armas usadas y motivos".

Si se convirtiera a la Policía en una entidad cívica, mediante una reforma constitucional podría ordenarse la jurisdicción ordinaria y no la castrense como instancia judicial competente.