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Escándalo en Chile un proveedor que lleva al dinero venezolano

"Algo huele mal (N. de la R.: en el jaqueado gobierno de Sebastián Piñera): supo que empresa de Alberto Scuncio era sospechosa de lavar dinero de Venezuela antes de comprarle miles de cajas de alimentos", terrible investigación de la web chilena El Mostrador. En Chile insisten en que Scuncio es argentino.

Alberto Scuncio Moro.

"El 8 de agosto de 2019, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) evacuó un sensible informe que paró en el despacho del exsubsecretario del Interior y Seguridad Pública y actual coordinador de políticas públicas en el marco de la crisis sanitaria y social, Rodrigo Ubilla. En este documento reservado, bajo el título de "Informe de Inteligencia: Eventual Lavado de Activos", se detallaban los pormenores de una serie de actividades sospechosas de la empresa chilena Inversiones Ramaja Ltda., de propiedad del empresario afincado en la Región del Biobío, Alberto Scuncio, y de su hijo Martín Scuncio", informó el texto de Héctor Cossio López.

Antes de seguir un par de datos: Los Scuncio Moro -familia que en Chile presentan como inmigrantes argentinos que hace 20 años se instaló en San Pedro de La Paz, Región del Biobío-, cobraron más protagonismo, pues una de sus empresas, Distribuidora y Comercializadora Llacolén S.A., es la mayor proveedora del gubernamental programa Alimentos para Chile.

El grupo lo conforma el padre, Alberto Scuncio (51), sus hijos Martín (28) y Javier (24) Scuncio Moro. Estos últimos son conocidos por competir en rally de autos, ganando varias competencias en Chile.

Distribuidora y Comercializadora Llacolén -que según el Diario Oficial opera desde 2001- la integran Martín Scuncio y una sociedad denominada Inversiones Ramaja Limitada, cuyos socios actuales son Alberto Scuncio (99%) y Pablo Ludueña (1%). Este último -según publica en su perfil de LinkedIn- es el gerente de administración de otro emprendimiento de los argentinos: la embotelladora Dos Banderas, que también opera en la región del Biobío.

Volver a la investigación periodística: "Estos antecedentes, que de forma paralela llegaron también a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –servicio que elevó un Reporte de Operación Sospechosa y que, a su vez, dio origen a una investigación reservada del Ministerio Público por lavado de dinero que se encuentra vigente–, dan cuenta de una compleja trama de corrupción con alcances internacionales. En esta información se vincula a empresas petroleras venezolanas –que están siendo investigadas en la Corte del Distrito Sur de La Florida en Estados Unidos– a una filial de estas que inscribió una sociedad en Chile y que no generó movimiento alguno tras verse involucrada en el escándalo de los "Panama Papers", a exportaciones de cajas de alimentos con sobreprecio a Venezuela y a la entrada al país de ingentes cantidades de dinero del orden de un millón de euros mensuales. En pleno conocimiento de esta información, el Gobierno convirtió igualmente a esta compañía en su principal proveedora de cajas de alimentación para la Región Metropolitana en pandemia. El principal involucrado señaló recientemente a un medio de comunicación nacional que las cajas que enviaron a Venezuela, y que le reportaron entre 800 mil y un millón de euros mensuales, eran "esporádicas", que el lavado de dinero era invento de la prensa y que el destino no era el gobierno venezolano. (...)

Actualmente en Estados Unidos se investigan dos sendos casos de corrupción que involucran a empresas venezolanas. Por una parte, el Departamento de Justicia estadounidense investiga a varios empresarios venezolanos por la malversación de más de US$ 4.500 millones de la compañía estatal Petróleos Venezuela S.A (PDVSA). Y por otra parte, el Departamento del Tesoro de ese país a mediados del año pasado impuso sanciones comerciales a a compañías de alimentos de Venezuela que importaban y pagaban a proveedores en México «como un medio para facilitar el esquema de corrupción de los Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP)».

En la trama de ambos casos de corrupción, figura la empresa chilena Inversiones Ramaja. (...)

Siendo el principal proveedor, durante el 2018 y 2019, de la cajas CLAP a Venezuela y con el riesgo de que Chile fuera sancionado por el gobierno de Estados Unidos, Martín Scuncio, a través de la distribuidora Llacolén S.A, vendió a la Intendencia Metropolitana 250 mil cajas de alimentos - muy parecidas a las cajas CLAP- para aplacar al crisis económica originada por la pandemia del coronavirus, según consta en el documento que envió Martín Scuncio a Cristián Varela, de la Secretaría General de la Presidencia. (...)".